“Es un eje de la gestión que se viene trabajando como política de estado municipal”, dijo Iván Moscarítolo, director de Desarrollo y Empleo. Los fondos podrán ser destinados a bienes de capital, máquinas nuevas a ser afectadas a la actividad habilitada; construcción e instalaciones, inversiones derivadas de construcciones.

La empresa asegura que responden al aumento fijado por el Gobierno e invita a quienes no pueden pagarlas a acogerse a un beneficio social.  Los afectados “son personas cuyos ingresos no les permiten afrontar facturas con un 300 por ciento o más con respecto al monto anterior”, aseguraron desde la Defensoría del Pueblo bonaerense.

El edil de Bien Común sugirió realizar la exposición al número telefónico de la Defensoría del Pueblo. “El aumento es legal, pero completamente ilegitimo”, consideró.