PUNTA ALTA
3 de Diciembre de 2020

POLÍTICA

Rechazo a la utilización de subsidios para desalentar la toma de tierras

20 de Noviembre de 2020

Por mayoría, el Concejo Deliberante aprobó un proyecto de resolución del bloque de Juntos por el Cambio en referencia a la medida provincial. “Atenta contra la propiedad privada de millones de bonaerenses, y lejos de solucionar el problema habitacional, genera distorsión de valores, preocupación en la gente e inequidades respecto a quienes cumplen con la ley”, dijo la edil oficialista Natalia García Luna.

Rechazo a la utilización de subsidios para desalentar la toma de tierras

En la última sesión ordinaria del Concejo Deliberante - sin el acompañamiento de Frente de Todos y Bien Común - se aprobó por mayoría un proyecto de resolución del bloque de Juntos por el Cambio que manifiesta “su rechazo y preocupación” por la decisión del gobernador bonaerense, Axel Kicillof, “de otorgar subsidios mensuales de hasta $50.000 que en principio serían para desalentar las tomas de tierras”.

En relación a la pretendida utilización del Decreto N° 938/2020 como “mecanismo para desalentar las tomas ilegales”, la concejala oficialista Natalia García Luna señaló que “la utilización que pretende darse a este tipo de subsidios -sin reglas claras ni criterios específicos-, y que fuera promocionada para desincentivar las ocupaciones ilegales, atenta contra la propiedad privada de millones de bonaerenses, y lejos de solucionar el problema habitacional, genera distorsión de valores, preocupación en la gente e inequidades respecto a quienes cumplen con la ley”.

Desde la bancada de Juntos por el Cambio, consideraron que “de acuerdo a lo que propone la norma en cuestión, se destinarían cientos de millones de pesos para financiar este programa, en un contexto en que aún varios sectores productivos de Buenos Aires no recibieron ningún tipo de ayuda y atraviesan una aguda crisis económica”.

“Lo que la sociedad reclama es una política pública habitacional razonable, que haga efectivo el acceso a una vivienda sin avasallar la propiedad privada que es un derecho que el Estado debe garantizar y proteger”, finalizó GarcíaLuna.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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