Los bloques Bien Común, UCR, PRO/ARI y LLA presentaron un proyecto de resolución dirigido al intendente Rodrigo Aristimuño para que “remita las actuaciones del proyecto de intervención sobre calle Bernardo de Irigoyen por él anunciado a los efectos del correspondiente tratamiento del mismo por el Concejo Deliberante, absteniéndose de celebrar cualquier tipo de contrato o compromiso que obligare al Municipio sin contar con las autorizaciones pertinentes tal como marca la ley”.

Las bancadas opositoras señalaron que “en el artículo 27º de la Ley Orgánica de las Municipalidades se indica claramente que corresponde a la función deliberativa municipal reglamentar sobre: el trazado, apertura, rectificación, construcción y conservación de calles, caminos, puentes, túneles, plazas y paseos públicos y las delineaciones y niveles en las situaciones no comprendidas en la competencia provincial y la conservación de monumentos, paisajes y valores locales de interés tradicional, turístico e histórico”.

“Esta sede ha dado tratamiento, en el marco de las disposiciones citadas y de las competencias que le son propias, a los proyectos de intervención del espacio público como lo fueron los casos expresados por las ordenanzas 3669/17 y 3950/2020 por citar distintos ejemplos destacados conforme a la ley”, recordaron.

A su vez, expusieron que “recientemente el Intendente Municipal, en distintos medios de comunicación informó - sin conocimiento de esta sede ni teniendo las autorizaciones correspondientes - que el Municipio está pronto a realizar la intervención de seis cuadras de la calle Bernardo de Irigoyen de la ciudad de Punta Alta por un monto cercano a los $700.000.000 y que las obras comenzarían en tres meses”.

“De acuerdo al intendente Aristimuño, textualmente, `la obra tendría fines estéticos y de ordenamiento, siendo largamente reclamada por la comunidad´”, acotaron.

Por otra parte, mencionaron que “dicho accionar sin que se cumplan los procesos fijados por la ley constituye un avallasamiento a los principios que rigen el funcionamiento de los municipios, yendo particularmente contra el antecedente legislativo dispuesto por la ya citada ordenanza 3669/17”.

“El Ejecutivo tiene, en efecto, entre sus competencias las que dispone el artículo 108 inciso 5 de la LOM, limitadas únicamente a razones de seguridad pública, que no serían el caso en lo señalado por el Intendente”, remarcaron.

Por eso, el HCR requiere “a la brevedad que el Departamento Ejecutivo se ajuste a derecho en base a las disposiciones de la Ley Orgánica, absteniéndose de realizar cualquier tipo de contratación o compromiso que afectare económicamente al Municipio hasta tanto se remitan las actuaciones correspondientes a esta sede legislativa a los fines de cumplir, no solo con la legislación vigente, sino con las antecedentes del caso en la materia”.

El proyecto contempla, además, que el HCD se dirija al Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires y a su representación regional “a los efectos de remitir la presente para su toma de conocimiento y evaluación”.