El juez federal subrogante de Río Gallegos Javier Leal de Ibarra ordenó el procesamiento sin prisión preventiva de dos militares a los que se acusa haber impuesto "privaciones ilegítimas de la libertad, vejaciones y apremios ilegales", usar armas de fuego y cometer de "abuso de autoridad, empleando violencias y amenazas" contra tres soldados conscriptos que estaban en Puerto San Julián en plena guerra de Malvinas, en 1982, y que no cruzaron al archipiélago.

Los militares acusados y embargados cada uno por 500.000 pesos son Reynaldo José Pascuzzi, teniente primero al momento de producirse los hechos, y hoy con residencia en Resistencia, Chaco; y el entonces capitán Carlos María Alemán Urquiza, domiciliado en la ciudad de Corrientes. Las víctimas son Hugo Vicente Sandoval, Eulogio Epifanio Contrera y Ernesto Raúl Sánchez.

En su fallo, Leal de Ibarra, que preside la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia, contextualizó los hechos tras la ocupación armada de las Malvinas del 2 de abril de 1982, y dijo que en ese escenario el Grupo de Artillería 7 de Resistencia se trasladó hacia el sur y prestó servicios dentro del Teatro de Operaciones del Atlántico Sur. Señaló que Pascuzzi ostentaba por entonces el cargo de Teniente primero y que el capitán Alemán era el médico del grupo. Ambos hicieron "un despótico empleo de su rol de mando, impusieron un riguroso tratamiento disciplinario a los soldados conscriptos mencionados" señala el juez.

"La evidencia sugiere que estos sucesos ocurrieron dentro del período de 71 días en que dicha agrupación permaneció apostada en la localidad de Puerto San Julián (Santa Cruz); y que la causa originaria de estas acciones fue que las víctimas se alejaron del campamento en busca de comida.- Descubiertas estas acciones e interpretadas como infracciones disciplinarias, los imputados sometieron a estos subalternos –según el caso- al frío extremo, a trabajos forzados" dice el juez, para luego escribir que los hicieron cavar pozos de agua o limpiar pozos de residuos, que continuamente se rellenaban y que recibían golpes, y que los sometieron a "una alimentación basada en sobras (huesos de oveja, restos de pan), a simulacros de fusilamiento". El fallo se hace eco de las acusaciones contra Alemán Urquiza, de que "disparó cerca de los soldados Sandoval y Sánchez para forzar confesiones" y de que fueron sometidos a "a estaque amientos (sujeción al suelo, mediante ataduras) en la nieve y a la intemperie" .

El juez vuelve a señalar que tambien es "remarcable que estos maltratos físicos solían venir acompañados de agresiones verbales, tales como “...a estas basuras hay que matarlos, estos traicionan a la Patria...” (sic).- Semejantes situaciones se dieron durante el período señalado, hasta el momento en que se desactivó el conflicto bélico y los soldados pudieron regresar a su lugar de origen.

Las denuncias y las causas abiertas por casos de torturas y malos tratos durante la guerra de Malvinas comenzaron formalmente en 2007 cuando la agrupación de ex combatientes CECIM-La Plata apoyó a un primer grupo de ex soldados. El grupo hizo la denuncia en la justicia de Río Grande, por corresponder en jurisdicción a las Malvinas.

Hasta ahora, se afirma que hubo más de 120 denunciantes y 95 militares están denunciados. Si bien los estaqueos de las personas en forma de cruz, a la intemperie y bajo fuego enemigo es una de las denuncias más resonantes, también hubo otras presentaciones como el padecimiento de la  picana con teléfono de campaña, la obligación de meterse desnudos en agua helada, o enterrarlos hasta el cuello desnudos, entre otras.

También hay otra polémica abierta. Los soldados conscriptos que no estuvieron en las islas luchando no son reconocidos como ex combatientes de Malvinas salvo excepciones. Es un reclamo que enfrenta a unos y otros.  En lo que hace a la propia denuncia del CECIM sobre las actuaciones en el territorio de combate, la Corte Suprema cerró una investigación en 2015 sobre torturas que estaban en la causa de Río Grande.

Pero en 2019, la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia dispuso que continúe el trámite de la causa que investiga la presunta responsabilidad de ex militares en la imposición de torturas a conscriptos durante la Guerra con el Reino Unido.

Fuente: Clarín